Manejó una cuenta de 1.000 millones de pesos que debían ser destinados a las zonales departamentales y a la construcción de caminos, pero mucho de eso fue a parar a la actividad política en tiempos de campañas electorales. Se llama Jorge Rodríguez, fue el titular de la Dirección de Vialidad Provincial y ahora está por comenzar el juicio por desvío de fondos para lac creación de una escuela privada. Sin embargo, el juicio deja afuera otras denuncias que hizo el editor de Corresponsal y que fue la base para la presentación judicial contra el ahora ex funcionario.

 

Jorge Riani, especial para Corresponsal

Este lunes comienza un juicio contra un funcionario del gobierno de Sergio Urrbarri, que atravesó el primer tramo de la gestión de Gustavo Bordet, por un caso de desvío de fondos públicos para un fin que no es que corresponde. Se trata de Jorge Rodríguez, un ingeniero que tuvo bajo su responsabilidad el manejo multimillonario de la repartición que presidió: la Dirección Provincial de Vialidad.

Rodríguez llega a sentarse al banquillo de los acusados por la denuncia que le formó el abogado Rubén Pagliotto, de modo particular, luego de una nota periodística que es autoría del editor de Corresponsal. La publicación se dio en la revista Análisis antes de que naciera este sitio periodístico. El ex titular de  Vialidad está acusado del delito de peculado, y no estará solo en el sector de los acusados. Llegan a juicio también Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y ex director de esa área, respectivamente.

El abogado Rubén Pagliotto es denunciante.

El abogado Pagliotto sostiene que Rodríguez llega a juicio por una pequeña parte de las imputaciones que le caben al ex funcionario. El ingeniero Rodríguez puso la estructura, pero también los recursos del organismo responsable de mantener las rutas y abrir nuevos caminos, a las campañas políticas del peronismo en la provincia.

Hizo política con dinero de todos los entrerrianos, creó una suerte de ministerio de ayuda social paralelo, logró acrecentar notablemente su patrimonio particular, pero llega a juicio solo por el desvío de fondos para la creación de una escuela privada. En esta nota se cuenta quién es y qué hizo Jorge Rodríguez para estar hoy sentado en el banquillo de los acusados.

 

Camino sinuoso

Cuando todo arrancó, la Dirección Provincial de Vialidad tenía un prepuesto anual de 2.500 millones de pesos. Un informe del Tribunal de Cuentas dejó al desnudo el manejo discrecional de fondos distraídos de sus objetivos. Es el caso de la creación de una escuela privada, en el marco de la cual se evidenciaron “serias irregularidades” en las “erogaciones efectuadas desde la mencionada Dirección, destinadas a la puesta en funcionamiento de una escuela bajo el nombre de ‘Heraclia Ruiz Díaz’”. También se observó el desvío de fondos para pago de sueldos de docentes y la cesión en comodato para una escuela privada. La denuncia apuntaba ya entonces al director de Vialidad, Jorge Rodríguez, quien además integró la asociación civil beneficiada con el desvío de fondos. El caso de la escuela es apenas una muestra de un festival de dinero que fue largamente distraído, por lo que el organismo de contralor administrativo tiene en carpeta varias actuaciones, y aunque no lo admitan públicamente sólo esperan la luz verde política para sacar a la luz las compras injustificadas, desvíos de fondos y el festival de designaciones en la oficina central del organismo encargado de construir caminos.

La Dirección Provincial de Vialidad llegó a ser un hervidero. Los integrantes del cuerpo de directores, de funcionarios y personal administrativo se miraban, como buscando respaldo, cada vez que debían firmar alguna autorización de pagos o la habilitación de partidas para tal o cual obra. Todo eso ocurrió durante el mandato vial de Jorge Rodríguez, quien luego del cambio de gestión, durante el primer tramo de la era Bordet llegó a ser el número dos del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), hasta que finalmente fue despedido en medio de los escándalos.

Cuando Rodríguez era aún titular de la DPV, en la gobernación de Sergio Urribarri, ya había funcionarios de carrera o políticos, en la administración del organismo, que se negaban a firmar liberaciones de pago previendo que llegaría el momento al que llegamos esta semana: juicio por las irregularidades en el uso de fondos públicos.

Muchos de los que se negaron a firmar, tenían muy bien sabido la existencia los casos de pagos absurdos, como los 300 mil pesos para la confección de un almanaque del organismo, que debió salir como pago de obra debido a que no consiguió el aval administrativo necesario.

Dentro de la Dirección de Vialidad no fueron pocas las críticas al presidente Jorge Rodríguez, luegos expresadas con más soltura luego de que el candidato oficialista a vicegobernador y ministro de Gobierno, Adán Bahl, se negara a subirse a un palco de campaña, porque allí estaba el titular de DPV.

Bahl le había recriminado por entonces, públicamente, que haya apretado a los trabajadores del organismo a su cargo para que no vayan a darle el respaldo a su precandidatura, cuando el ministro de Gobierno aún disputaba ser la cabeza del binomio con Gustavo Bordet.

Lo cierto es que de poco le sirvió a Rodríguez porque luego Bordet, a tiempo, lo sacó de la grilla de funcionarios, donde ocupaba uno de los cargos mejor remunerados de la estructura estatal. Ahora, el ex funcionario está en el llano y a punto de afrontar un juicio.

Este redactor escuchó varias fuentes que aportan datos en varios sentidos y recibió algunas documentaciones que dejan en evidencia pagos astronómicos en objetivos diferentes al que tiene la repartición.

Por ejemplo, en materia de gastos por un concepto que se llamó “Cortesías y homenajes” se dispuso una partida, hace más de dos años, de 667.000 pesos, y luego se amplió esa suma con otro medio millón de pesos extra. Cuando este cronista preguntó qué es “Cortesías y homenajes”, las fuentes consultadas dijeron que de allí salieron los souvenires, como gorras y remeras, que inscriben la leyenda “Jorge Rodríguez conducción”.

Cuando la situación es menos nimia que la de un souvenir, los montos subían. Por ejemplo, en materia de viáticos se pagaron en casi siete meses de 2015, dos millones de pesos más que lo que se pagó en todo el ejercicio anterior, lo que totalizaron pagos del orden de los 7 millones de pesos en viáticos en lo que va del corriente año.

La Dirección Provincial de Vialidad tenía en 2015, un presupuesto asignado de 2.500 millones de pesos. En sueldos se pagaban 426 millones de pesos, que con los aumentos salariales otorgados terminó ese año siendo 600 millones de pesos.

Para obras contó con créditos tomados con bancos mundiales por un monto de 200 millones de pesos, y si bien es cierto que deberían entrarle unos 900 millones de pesos para obras por convenios con Vialidad de la Nación, lo que no de modo pleno, no es menos cierto que el organismo constituyó uno de los principales botines de dinero público entrerriano.

Unas de las principales críticas que recibió desde adentro la gestión de Rodríguez es la centralización en Paraná de los fondos y los recursos. “Rodríguez tiene acceso a parte de fondos por mil millones de pesos que deberían ir a las zonales pero queda en gran parte en la oficina central”, se escuchó decir de una de las fuentes consultadas. Esos fondos de diez dígitos se integran con dinero de la coparticipación vial nacional, el fondo de los combustibles y fondos impositivos.

Es justo decir que no siempre llegó esa cantidad de dinero, porque muchas veces el Ministerio de Economía distrajo fondos para rentas generales, como el pago de sueldos de la administración pública.

El recurso de los viáticos –una herramienta que Rodríguez logró manejar a través del nombramiento de allegados al frente de las áreas responsables, según afirman las fuentes– preocupó a buena parte de la plana administrativa de la DPV y también más allá. Por ejemplo, al Tribunal de Cuentas, que en varias oportunidades ordenó al organismo que transparente el uso de esos fondos a través del SIAF, que es como se conoce al Sistema Integrado de Administración Financiera.

Los gastos de viáticos podrían ser de conocimiento público si se registraran en el SIAF, una herramienta del Ministerio de Economía de Entre Ríos, que “permite mejorar las condiciones de oportunidad y contabilidad en la emisión de la información”, reza la página de Internet: http://www.entrerios.gov.ar/siaf/

Pero hubo una histórica reticencia de volcar información de la DPV en el sitio, según advirtió en varias oportunidades el Tribunal de Cuentas.

Dentro de la ronda entrevistas que realizó este medio, algunos coincidieron en señalar que un punto débil que encontraría la entonces gestión de Vialidad al momento de defenderse es la creación de un área social. “Fue creada de modo irregular porque un área así debe ser aprobado, sí o sí, en el marco de las paritarias nacionales. Sin embargo, Rodríguez creó el área social que tiene entre 15 y 20 empleados y recursos propios, como autos nuevos y cargos: una Ford Ranger, un Ford Kuga y un VW Ventos, llegaron a verse”, afirmó una fuente.

Hay que decir que en este juicio Rodríguez no responderá por semejante sangría de dinero, y eso de lo que le lleva al abogado denunciante, Rubén Pagliotto, a decir que el ex funcionario llega a juicio por una pequeña parte de los reclamos que le caben.

“Se le otorgan fondos y recursos que no tienen las zonales, cuando muchas de ellas deben manejarse con viejos Rastrojeros, y es muy frecuente que no tengan ni combustible”, se quejó un funcionario vial.

Rodríguez, un hombre de confianza del ex gobernador Sergio Urribarri, pasó de la incertidumbre política, de la inestabilidad en la estructura del funcionariado, a la certeza de un juicio en el que le será muy difícil defenderse.

El funcionario creyó que tendría mejor suerte con el gobernador Gustavo Bordet e hizo todo lo posible para que se acuerde de que intentó obligar a los trabajadores viales a que lo apoyen en la interna, tanto como el aporte para alquilar en 25 mil pesos el local de la céntrica calle Urquiza, en Paraná, para la promotora del concordiense. Pero no le alcanzó.

El Tribunal de Cuentas continuó su trabajo en el organismo, y luego se conoció las irregularidades en la creación de una escuela en la que incluso se incurre en incompatibilidades.

Es que tanto Rodríguez, como el director de Suministro y Mantenimiento de la DPV, Néstor A. Kemerer, son integrantes de la asociación civil que sostiene legalmente a la escuela. La escuela se llama Heraclia Ruiz Díaz, que es el nombre de la fallecida madre del funcionario Kemerer.

Vialidad pagó 14 docentes y cayó en el desvío de fondos por 1,5 millones de pesos hace tres años.

La escuela no tiene absolutamente nada que ver con aquel establecimiento de educación técnica que marcó a varias generaciones. Esta es una escuela totalmente privada.

 

Haciendo escuela

Según informe iniciado el 5 de marzo de 2015 en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos (TCER), con la intervención de la asesora jurídica del organismo, Nancy Vinagre, hay varias irregularidades. Las actuaciones siguieron su curso, y el 6 de mayo fue notificado el entonces director administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Jorge Abel Rodríguez, quien precisamente se encuentra mencionado en el informe del organismo de control administrativo.

Las observaciones surgieron con la actuación del auditor permanente que el organismo de control tiene en la DPV, el contador Humberto Tano. Se puede leer en sus escritos preliminares que las erogaciones del organismo encargado de la construcción y mantenimiento de rutas y caminos provinciales, a favor de la escuela privada, se iniciaron cuando se puso en funcionamiento la escuela autorizada a matricular en fecha 28 de noviembre de 2013, bajo el nombre de “Heraclia Ruiz Díaz”.

Las irregularidades que se destacan son “tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación, como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento, y sin existir contraprestación en beneficio del organismo”.

El informe que lleva la firma de la abogada Vinagre, indica que “se observa especialmente que los contratos de locación de servicios suscripto por el Sr. Jorge Abel Rodríguez como director administrador de la DPV, con motivo de la escuela, expresan en su cláusula primera que el locador desarrollará tareas como Auxiliar de Sala o como Maestra de Sala en el ámbito de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, lo cual resulta irracional, pues claramente se refiere a la prestación de servicios como docente de nivel inicial, y no como personal de la referida repartición estatal”.

Tras indicar que hay opinión de otros asesores jurídicos del organismo que “no hacen más que corroborar la desviación de fondos públicos materializados por la Dirección Provincial de Vialidad”, la abogada Vinagre destaca que “la DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”.

Lo que cuestiona la asesora jurídica del TCER que hubo pagos “indebidos” atento a que el agente en cuestión “no prestó servicios para la Dirección Provincial de Vialidad”.

Menciona la letrada a la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, para decir que su estatuto no prevé que la escuela sea destinada a la educación de los hijos del personal de la Dirección Provincial de Vialidad “en forma exclusiva ni tampoco prioritaria”. “Desde ya adelanto que el hecho de que la institución creada colabore con la prestación de un servicio público, no legitima la realización de estos actos para los cuales la DPV no tiene competencia ni jurisdicción”.

Un punto sobresaliente en la denuncia, indica que los equipamientos para la escuela “no habría sido afrontado por la Dirección Provincial de Vialidad puesto que fueron elementos donados por la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) y Cablevisión, sin embargo obran agregados comprobantes de gastos librados a favor de la DPV, y no de las donantes, por lo que deberá profundizarse también la investigación en tal sentido”.

Se cuestiona además el comodato de un espacio de la DPV a favor de la escuela, cuando aún no tenía personería jurídica la mencionada asociación civil que le da sustento al establecimiento educativo. Todo eso sin intervención de la Legislatura, hace nota el informe.

“Con relación a todos los actos y contrataciones de la Dirección Provincial de Vialidad observada, tanto al tono al personal, al equipamiento y al inmueble, concretadas a beneficio de la Asociación Civil ‘Los Viales’ en formación, entiendo que se han violentado además, el régimen de incompatibilidades”, indica el informe que complicó seriamente la suerte del ahora ex funcionario y proceso Jorge Rodríguez.

Inmediatamente explica por qué se violó el régimen de incompatibilidad: es que la mencionada asociación civil está integrada por el entonces director de Suministro y Mantenimiento de la DPV, Néstor A. Kemerer, y por el director de Vialidad, Jorge Rodríguez.

 

Dudas sobre el patrimonio

Jorge Rodríguez acompañó toda la gestión de Sergio Urribarri. Activo y solícito, supo ganarse la confianza del gobernador apenas asumió. De ese modo logró destronar a Santiago Gaitán, que fue el presidente del organismo y secretario general del sindicato de los viales durante las gobernaciones de Jorge Busti. También fue senador departamental del peronismo. Hoy Gaitán integra la nómina de concejales de Paraná por Cambiemos.

Jorge Rodríguez, a juicio por peculado.

Rodríguez logró quitarlo del camino para hacerse de la conducción de la DPV. No son pocos los consultados por este cronista que hablan del patrimonio notorio que tiene el ahora ex presidente vial, al que le atribuyen viajes frecuentes al exterior con toda la familia, inversiones inmobiliarias en Buenos Aires y Uruguay, y hasta la refacción de su propia casa en Paraná, que contaría con un microcine de unas 15 butacas traídas de Buenos Aires en vehículos oficiales, según denuncian las fuentes consultadas por este cronista.