Jorge Riani

Es una historia vieja. Muy, muy vieja. Quizás esta historia haya comenzado allá por 1861, que fue el año en que Buenos Aires decidió dejar de lado los rencores con los trece ranchos, como se la denominó despectivamente a las provincias, y volver a integrarse al resto del país, después de casi una década de su escisión.

Es una historia vieja y repetida hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Hace unos días el gobierno nacional, que las costumbres llevan a algunos a llamar “gobierno federal”, ha pedido a las provincias y a los municipios que le quiten peso impositivo a las tarifas eléctricas.

De ese modo, puede decirse que el gobierno de Mauricio Macri miró con atención y se hizo eco del reclamo de gran parte de la población argentina que pidió que se detenga ya el aumento sistemático del costo de insumos básicos o servicios elementales, como la energía eléctrica y el gas natural, o lo mismo las naftas.

El gobierno eligió un modo de dar respuesta sin hacer el esfuerzo, sino más bien reclamando que lo hagan los estados provinciales y municipales. El trayecto informativo ya se conoce: el gobierno nacional anuncia incrementos tarifarios. Muchas personas en distintas ciudades de la Argentina protestan contra el “tarifazo”. El tema hace ruido incluso dentro de Cambiemos y el radicalismo dice que tiene una alternativa para aplicar los aumentos. Macri ve que hay preocupación y entonces, para que la gente no tenga que pagar el número que le llegó en la boleta pide quitarle valor a la tarifa y eliminar impuestos. Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense, toma la delantera y por decreto elimina esos impuestos de su provincia.

Hasta ahí el repaso de lo ocurrido. Ahora se trata de ver cómo impacta esa medida que reclama Macri en las arcas de los estados provinciales y municipales. El tema tarifario viene generando noticias hace al menos tres semanas y seguirá estando en la agenda de los medios. Lo que importa ahora es poner el oído en aquellas voces de los estados municipales y provinciales cuyas voces están fuera del interés de los grandes medios nacionales.

“Este es un tema que seguirá en agenda porque hay una decisión política de garantizar la rentabilidad multimillonaria y gigantesca a las corporaciones, y eso tienen que pagarlo los que menos tienen, y una de las modalidades que asume es en el aumento de las tarifas”. La frase corresponde al economista, investigador y docente universitario Luis Lafferriere.

Para el experto el tema central, más allá de los partidos que gobiernan, es que las grandes corporaciones que prestan el servicio tienen la voracidad de embolsar recursos y no hay gobierno que no les haya garantizado el cumplimiento de ese propósito. ¿Y la gente? Bien gracias. Acá no hay grieta.

Un kirchnerista podrá decir que la gente bien gracia, no. Que su gobierno garantizó sí esa transferencia de recursos para los grandes grupos pero que al costo no lo asumía la gente en las boletas. Habrá que decir que al costo lo asumía la gente con los recursos colectivos a través de los subsidios.

Qué dice Lafferriere al respecto. “Para evitar en el gobierno kirchnerista que se generara un precio impagable al usuario el Estado participaba con subsidios, pero en realidad hay un esquema que se ha mantenido siempre, que es garantizar esa renta fabulosa. Las empresas prestadoras siempre estuvieron cobrando, pasa que antes cobraban de subsidios del Estado y ahora quieren cobrar del consumidor”.

Hay que convenir que el menos simpáticos de los sistemas para la gente, es ver en sus boletas el traspaso de esa “atención” a las grandes corporaciones descriptas.

Ha sido el municipio de Gualeguaychú uno de los primeros, sino el primero, sino el único, estado comunal que hasta ahora ha puesto el grito en el cielo con el pedido que hizo Macri de quitar impuestos y tasas a la tarifa eléctrica. Y ha dicho que eso equivale a desfinanciar a las municipalidades.

Gualeguaychú no resignará un peso de la tasa municipal, anunció. Y cuestionó la postura del gobierno nacional, que “aumentó el valor de la energía en casi un mil por ciento en Entre Ríos, y luego nos tira la pelota al gobierno provincial y a los pobres municipios”.

El secretario de Hacienda de esa localidad del sureste entrerriano, Santiago Irigoyen, le puso número a la posibilidad de quitar tasas: 9 millones de pesos por mes. Ante una consulta de Corresponsal, dijo que si se quita de un lado se debe buscar de otro y entonces dejó entrever que habrá que subir las tasas inmobiliarias municipales.

Sabe muy bien Irigoyen que de ese modo no se soluciona nada porque la gente a la luz la paga siempre para que no se la corten, pero con las tasas municipales nunca hay tanta urgencia porque no se conoce el caso de que a alguien le hayan rematado la casa a fin de mes por no pagar las tasas derivadas de sus viviendas. “El nivel de morosidad en Rentas de la municipalidad es muy superior que al que se tenía ante la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú”, aportó.

Luego, en declaraciones al diario El Día, de su ciudad, Irigoyen dice algo interesante que se puede resumir diciendo que el esfuerzo es mucho para la Municipalidad e insignificante en el objetivo buscado de que las tarifas se reduzcan. Lo dice asÍ: “Si bien nosotros no  vamos a hacer ese recorte de la tasa, si lo haríamos, además de generar un desbarajuste en las cuestas públicas, el monto sería irrelevante para el usuario del servicio”.

En Gualeguaychú, la tasa es del 16 por ciento, mientras que la provincia cobra el 13 por ciento para fondos destinados al desarrollo energético. “Si Entre Ríos renuncia a cobrar el Fondo de Desarrollo Energético, la medida atentaría contra las obras de infraestructura que tiene que hacer la provincia para tener una economía cada vez más competitiva, que es la única forma de poder combatir la inflación a largo plazo”. En este sentido, ejemplificó: “La extensión del gas natural en Gualeguaychú, que se está gestionando, se financiará de esos fondos provinciales”.

En Paraná también consultó este sitio y la respuesta fue que “se está estudiando el caso”, pero saben ya que la medida podría también repercutir. El responsable de hablar en el gobierno paranaense fue el concejal Carlos González.

Otro que no tuvo inconveniente en hablar cuando lo consultamos, enterados como estábamos de que había brindado una conferencia sobre la materia, fue el diputado provincial Juan Antonio Artusi, perteneciente al bloque radical de Cambiemos.

Habla del caso entrerriano, y dice que en la provincia “se da la tormenta perfecta”. De qué se compone la tormenta perfecta: de la quita de subsidio (más allá de que él no cuestiona esa decisión nacional y carga las culpas en el gobierno K), y en algo más de lo que se ha hablado poco y aquí es lo interesante: el precio que cobra Enersa para distribuir la energía.

“Es un problema que se sigue mucho a través de los medios a nivel nacional y parece que se trata del mismo problema en todo el país. Y no es así. En algunas provincias el problema podría ser sí la carga tributaria. En Entre Ríos debemos estar entre las que más carga impositiva suma sobre el costo de la energía eléctrica, pero también estamos entre las que tienen empresas que más cargo cobra por distribuir”, dijo el legislador oriundo de Concepción del Uruguay.

Así que no duda al decir que en esta provincia, “el principal problema es el altísimo costo de distribución que tiene la empresa Enersa, porque otras provincias hermanas pagan el mismo costo mayoristas pero sin embargo tienen costos menores”.

El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, fue consultado también sobre el tema tarifario y dijo algo que puede interpretarse como una respuesta a la decisión de sectores de la oposición nacional a frenar el tarifazo mediante una ley del Congreso de la Nación. “No sé si realmente sirve o no hacer una ley cuando la discusión política debería haber llegado hace mucho tiempo en una mesa entre el gobierno nacional, provincial y municipal, y los defensores de usuarios. Hoy por hoy se tiran de alguna manera las culpas, y lo concreto es que la boleta tienen fecha de vencimiento y si no se paga cortan la luz”, dijo el abogado Garay, con lógica de ombudman.

Garay enumeró una serie de medidas que para él sirven al momento de hacer adelgazar a las tarifas. Ante una consulta nuestra dijo que tiene probado que si las tarifas a los usuarios de Enersa fuera de medición mensual en lugar de bimensual, habría una caída del 24 por ciento en el monto impositivo. Para escucharlo. Y es para escucharlo porque el ombudsman no quita del horizonte que los estados provinciales y municipales, incluso aún el nacional, no tienen que estar desfinanciándose para lograr bajar la tarifa eléctrica.

Por eso, al momento de pensar en el costo, creer que hay que dejarse de andar cobrando IVA a insumos tan básicos, necesarios o imprescindibles como la electricidad. Sin embargo, atendiendo a no caer en desfinanciar a los estados es que cree que una medida que contribuya podría ser reducir el IVA a la luz en el 50 por ciento. Es decir que se cobre, para empezar, el 10,5 por ciento.

Y le pide un gesto al gobierno municipal de Sergio Varisco sin resignar recursos para el Municipio. Le pide que no le cobre el 8,7 por ciento del uso del espacio aéreo que demanda el servicio de energía. ¿Cómo se hace entonces si le pide que la Municipalidad no se lo cobre a los vecinos pero que tampoco deje de cobrarlo? Sencillo: Garay dice que a eso la Municipalidad debe cobrárselo a la empresa de distribución y no a los usuarios.

En fin, que la cuestión es de una complejidad que nace casi de una arbitrariedad: el costo de la energía. Nadie sabe bien a ciencia cierta de dónde sale el costo. Lo que sí se sabe es que los tres niveles del estado se cuelgan de las boletas para recibir fondos y poder hacer funcionar a los estados.

Hace un mes, un grupo de vecinos se concentró frente a la Catedral y cumplió el rito de quejarse ante el aumento del costo de vida, más específicamente vinculado a las tarifas por servicios esenciales. El gobierno de Mauricio Macri los escuchó y tomó nota, porque la queja no era sólo en Paraná sino en otras ciudades. Sin embargo ordenó que el gesto, que el gasto, que el sacrificio lo hagan otros: los ya pauperizados estados provinciales y también los municipios. Como reza el viejo dicho que trata de ilustrar a aquellos que exigen pero no dan en la misma medida: organicémonos y vayan.