La ministra inicia una de sus salidas al exterior más trascendentes: irá a Washington y Miami.


Patricia Bullrich se ha convertido, desde hace algún tiempo, en el centro de gravedad del Gabinete. Ocurre, con altibajos lógicos, desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sucedida el año pasado en el río Chubut. Que tuvo como marco una refriega con sectores radicalizados de grupos mapuches.

Su figura quedó atenuada, de modo circunstancial, por el escándalo que rodeó a Jorge Triaca. Pero recuperó su lugar cuando acompañó a Luis Chocobar a una audiencia con Mauricio Macri. Se trata del agente de la policía bonaerense que mató al ladrón de 18 años, Pablo Kukoc, después que apuñaló y robó la cámara de fotos a un turista estadounidense que paseaba por La Boca. El agente resultó procesado y embargado ($400 mil) por el juez Enrique Velázquez.

El predominio de Bullrich en la escena tiene su explicación. Es la ministro de Seguridad de un país, la Argentina, donde el delito creció entre 1984 y 2016 diez veces más que su población. Es decir, durante 32 años de la recuperada democracia. El dato aterrador fue revelado hace pocos días, en Clarín, por Héctor Gambini. Bullrich pretende convertirse además en el rostro de un pretendido cambio de paradigma en la sociedad. Muy ambicioso. Aquel que, con demasiada asiduidad, se acostumbró a colocar a la policía y a las fuerzas de seguridad como victimarios de cualquier acción. Un lastre que se carga desde los tiempos de la dictadura y que nadie atinó a morigerar. O al menos, a colocar en un punto de equilibrio.

El kirchnerismo se refugió en un quietismo peligroso que tuvo correspondencia en el garantismo jurídico. Prefirió omitir la imprescindible transformación de las policías y las fuerzas de seguridad. Prácticamente las desactivó. Así y todo, no pudo evitar fatalidades difíciles de explicar. Aunque astutamente supo camuflarlas con relato.

¿Algo acaso cambió en este par de años del gobierno de Macri?. Muy poco o casi nada. La profesionalización de policías y otros efectivos requiere de muchísimo tiempo. La precariedad hasta pudo observarse, en varias facetas, durante el episodio que involucró a Chocobar. Pero el Gobierno parece dispuesto a fortalecer, en primer lugar, las señales políticas. Devolver al Estado y a sus fuerzas el lugar que debe corresponderle en resguardo de la sociedad. Se trata de una apuesta audaz no carente de muchos riesgos. El poder político podría quedar expuesto ante cualquier episodio del llamado “gatillo fácil”. Un ejercicio que posee antecedentes de sobra en la Argentina.

Aquella tarea del Gobierno requeriría de otra meta simultánea. Lograr que puedan ser reconstruidos los puentes de respeto y convivencia entre la ciudadanía y los agentes de seguridad. Recuperar, sobre todo, una noción de autoridad extraviada por infinidad de razones. En los últimos días existió un ejemplo ilustrativo: un argentino detenido en Chile por intentar sobornar a un Carabinero luego de cometer una infracción de tránsito. ¿Cómo hubiera sido el desenlace de un caso similar en nuestro país?.

El derrotero que ha decidido seguir el Gobierno está salpicado por las exageraciones. Porque la voluntad política antecede a los hechos y a cualquier transformación. La ministro de Seguridad manifestó ayer que ha cambiado una doctrina. Que las fuerzas de seguridad ya no serán las principales responsables en un enfrentamiento. Dicho así, suena a un axioma temerario. Que daría a los efectivos una licencia casi sin límites para actuar.

La ministro de Seguridad tuvo un comportamiento similar en dos sucesos trágicos. Las muertes de Maldonado –donde defendió a rajatabla el papel de la Gendamería– y del joven Rafael Nahuel, en Bariloche. En este último caso por un enfrentamiento con prefectos decididos por orden judicial a desalojar un predio tomado en Villa Mascardi.

En la valoración política, Bullrich parece venir zafando. No quedan dudas que el artesano Maldonado murió por ahogo en el río. La investigación, incluso, está sufriendo un giro. La fiscal de Esquel, Silvina Avila, indaga ahora si el mapuche que acompañaba al joven en la fuga por el “territorio sagrado” no incurrió en abandono de persona.

También asoman algunas novedades en el caso de Nahuel. La Prefectura sostuvo aquel 25 de noviembre que el joven había caído muerto durante un enfrentamiento. La defensa y los organismos de derechos humanos denunciaron que había ocurrido una ejecución, con una bala ascendente que ingresó por el glúteo del cuerpo del mapuche. Es decir, un disparo por la espalda. En los últimos días finalizaron varias pericias en el Instituto Balseiro, de Bariloche. De reputación técnica impecable. Allí se habría constatado la existencia de restos de pólvora en una mano de Nahuel. También en una de Facundo Jonas Huala, el hermano del líder de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Participante de aquel mismo incidente, detenido y luego liberado. En suma, habría existido una confrontación real entre ambos bandos. Aquel peritaje estaría llegando a poder del juez interviniente, Gustavo Villanueva.

Esos acontecimientos ayudarían a fortalecer a Bullrich. Observada con cierta ojeriza también desde diferentes rincones de Cambiemos, la coalición oficialista. Allí se ganó desde hace rato el mote de “halcón”. Su postura no está, para nada, disociada con lo que pretende Macri. Aunque tampoco comulgaría, se supone, con la manera en que desarrolló su pensamiento el numen macrista, Jaime Durán Barba. El ecuatoriano, quizás envalentonado por el triunfo en el plebiscito del presidente Lenin Moreno –a quien asesoró– sobre Rafael Correa, opinó que la mayoría de los argentinos desea que la delincuencia sea “brutalmente” combatida. Despistó con el adjetivo. También reveló que, según sus encuestas, una inmensa mayoría convalidaría la vigencia de la “pena de muerte”. Escaló excesivos peldaños respecto de la firmeza de Bullrich.

La ministra de Seguridad, con esos pergaminos, se encamina a su salida al exterior más trascendente. En pocos días recalará en Washington. La agenda desborda por varias razones. En especial, el año del Grupo de los 20 que se inicia en marzo y concluirá en diciembre con la cumbre de los presidentes más importantes del planeta. El debut sucederá simultáneamente en tres ciudades: Capital, Rosario y Ushuaia. La seguridad es una cuestión crucial. El fantasma del terrorismo, aunque la Argentina parezca hoy fuera del radar, siempre está presente. De allí su recorrida por el Departamento de Estado, el FBI y la DEA (Drug Enforcement Administration). El organismo para el control del narcotráfico.

La colaboración con la DEA ha resultado muy intensa en estos años. Para Macri y sus asesores, la lucha contra los traficantes constituye uno de los hechos ponderados por la sociedad. En oposición a la inactividad que, en dicho campo, caracterizó al kirchnerismo. También es verdad que ese combate será muy prolongado y cargado de vaivenes. Se advierte estos días. La tasa de criminalidad descendió casi un 20% en 2017 en Rosario, uno de los epicentros de las bandas narco. Pero en 38 días del 2018 ya se registraron 27 crímenes. Prácticamente todos ligados a ajustes de cuentas en el submundo de los estupefacientes.

El mayor operativo conjunto con la DEA derivó en junio del año pasado en la incautación de dos toneladas de cocaína ocultas en bobinas de acero. Se lo apodó “bobina blanca”. Cerca de 1500 kilos fueron detectados en el Puerto de Bahía Blanca. El resto en Mendoza. Todo por un valor de U$S60 millones. Resultaron detenidas 17 personas, entre ellas 4 mexicanos del cartel de Michoacán.

El recorrido de la ministro concluirá en el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Su sede está en Miami. Su influencia radica en la seguridad regional. Allí Bullrich coincidirá con Oscar Aguad, el ministro de Defensa, siempre apremiado por la desaparición y el misterio del submarino ARA San Juan.

Fuente: Clarín